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FA presentará proyecto para evitar el pasaje de legisladores de un partido a otro

PINTADO: El objetivo es que los legisladores no puedan modificar la integración de las bancadas PINTADO: El objetivo es que los legisladores no puedan modificar la integración de las bancadas La República

ENTREVISTA CON EL SENADOR ENRIQUE PINTADO


El objetivo es que los legisladores no puedan modificar la integración de las bancadas
A partir del caso del diputado Gonzalo Mujica, que le significó al Frente Amplio la pérdida de la mayoría parlamentaria, la coalición está pensando en un proyecto que prevenga situaciones similares en el futuro.
El senador Enrique Pintado informó a República Radio, que se emite por lacatorce10, sobre la iniciativa denominada “transfuguismo parlamentario”, la que será ingresada la próxima semana al Parlamento. Dicho proyecto intenta responder una clásica pregunta: si la banca es del legislador electo o pertenece al partido.
Pintado explicó que han sucedido casos en que los representantes, perteneciendo a un partido, constituyeron otro que no compareció al acto electoral. La Corte Electoral vigila el proceso hasta que el legislador es elector, pero después de ser elegido, dicha institución no interviene en las irregularidades.
Sin embargo, un político no puede llegar al Parlamento sin pertenecer a un lema o a un partido político. “Es más, la Constitución dice que quien es convencional de un sector, no puede presentarse en la siguiente elección por otro partido diferente al que pertenece. Por eso, muchos colorados y blancos no pudieron ser convencionales para el Partido de la Concertación. ¿Qué está queriendo decir la Constitución? Que nuestro sistema se basa en las listas, ya que la gente elige lemas y no personas, como sí puede suceder en otras partes del mundo”.
Por otro lado, advirtió que la Constitución establece que el legislador no es responsable ni por sus dichos ni por sus votos, ambos aspectos están relacionados con los fueros parlamentarios. En algunos casos pueden presentarse contradicciones entre algunos artículos de la Constitución y los causales de conducta.
“Lo que estamos haciendo, a partir del artículo 126 de la Constitución, es incorporando la prohibición del representante para no trampear la voluntad electoral. El legislador se podrá ir del partido, pero tendrá que renunciar a la banca, porque de lo contrario estamos violando la soberanía de la ciudadanía, quien decidió que un partido tenga la mayoría, pero después, por voluntad individual, se modifica dicha resolución”.
Afirmó que esta iniciativa no está relacionada con la libertad que tiene todo legislador para votar lo que considere conveniente, a pesar que no condiga con la disciplina partidaria.
El proyecto será presentado por el Frente Amplio la semana próxima, y consideró que hay acuerdo entre los partidos de que la banca pertenezca a la fuerza política, pero explicó que pueden haber matices en si el tema se resuelve por ley o por vía constitucional.
Financiamiento de los partidos: una cuestión de transparencia
En la Comisión Especial se aprobó un proyecto que introduce cambios a la legislación actual en materia de financiación de los partidos políticos y publicidad electoral.
En dicha iniciativa se establecen algunas prohibiciones, se exige más en cuanto a las rendiciones y los balances de los partidos y se determinan sanciones para quienes no cumplan con la normativa, que pueden ser los partidos, los medios de comunicación, las personas o las empresas.
“La idea es que se fortalezca la democracia y los partidos al otorgarle más transparencia a la financiación, brindar más autonomía a los partidos y evitar que actividades ilícitas como el narcotráfico y el dinero proveniente de la corrupción empresarial, utilicen a los partidos como vehículos para lavar dinero”, agregó.
Todas las transacciones en dinero deberán hacerse a través de medios de pago electrónico, por lo que la Ley de Inclusión Financiera será aplicada a los partidos políticos. Además, afirmó que se obliga a los candidatos de las internas a rendir cuentas, aspecto que hasta el momento no estaba presente.
“La Ley de Inclusión Financiera es una herramienta importantísima, porque todos los fondos quedan registrados a través de los bancos y hay alertas que se pueden disparar cuando un partido está recibiendo más de lo debido. En otras palabras, nos parece que esto es una ayuda para que no haya fugas. Además, ahora están las multas que antes no existían. Si esto se aprueba, recibir dinero de forma indebida puede costar mucho más que no aceptarlo”, agregó.
Con respecto al debate público que se ha generado por el caso de Raúl Sendic, Bascou y el Cambio Nelson, resaltó que el Frente Amplio debe ser cada vez más exigente con sus códigos. “Además, lo tenemos que ser a nivel de la sociedad. Hay actos comunes, -como entrar en algún lugar sin pagar- que van habilitando inmoralidades.
Creo que los partidos tenemos una exigencia superior. Sin embargo, concluir que estamos en una situación similar a la que ocurren en España, Brasil y otros países de la región, es una enorme exageración. Creo que está bien que nos comparemos con nuestra historia, pero tenemos que tener claro que Uruguay está en el primer lugar de América en cuanto a transparencia y en los mejores lugares del mundo. Lo que para nosotros es una tormenta, en otros lugares es una llovizna”.
La postura de la oposición
Por su parte, los partidos de la oposición consideran que el proyecto puede ser autorizado en esta elección, pero entienden que debe ser efectivo a partir de 2025. Al respecto, Pintado entiende que dicha normativa debe ser aplicada cuanto antes: “Creemos que estamos viviendo episodios en los que los partidos políticos están en tela de juicio y no entendemos de verdad por qué, si se le prohíbe a los sindicatos, a las religiones y a las asociaciones civiles donarle a los partidos, no se le prohíbe a las empresas. Creo que un proyecto como este ayuda a la transparencia del sistema, porque si se sabe lo que una empresa está donando, queda bajo sospecha si gana una licitación”.
Por último, mencionó que el proyecto será votado el 17 de octubre en el Senado y se espera que en junio de 2018 se esté ante un texto unificado.

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