Opositores exhibieron debilidad en el compromiso con las instituciones y la democracia
La mayoría de la oposición ha jugado un papel preocupante con relación a la situación generada a partir del conocimiento público de la confesión de José "Nino" Gavazzo ante el Tribunal de Honor del Ejército.
Ha dedicado unas pocas e inevitables palabras a condenar el asesinato y desaparición de Roberto Gomensoro, pero en general no se refirió a lo que los hechos sobrevinientes han de significar en el largo y difícil proceso por el esclarecimiento de los crímenes perpetrados por la dictadura (1973-1985). Es más (es peor), algunos han tratado de que no se hable de lo fundamental.
Y lo fundamental ha sido la aplicación de la autoridad republicana, ejercida por el presidente Tabaré Vázquez respaldado por el Poder Ejecutivo, contra actos inadmisibles de jerarcas de una institución que debe estar subordinada al poder civil.
“Por primera vez se rompe el pacto de silencio de los militares”
La destitución de varios altos generales es un hecho sin precedentes en la historia moderna del país.
Antes que nada corresponde destacar, valorar y respaldar este acto de singular relevancia para el fortalecimiento de la democracia, el republicanismo y la institucionalidad que emana de la Constitución y la Ley. Como lo expresó el propio presidente, “por primera vez se rompe el pacto de silencio de los militares”. Sí, estamos ante un hecho histórico.
Como se indicó, se ejerció un elemento fundamental para el funcionamiento del Estado de derecho como lo es la autoridad del poder civil, sobre lo que también fue difícil encontrar comentarios de la oposición.
El ministro Danilo Astori lo expresó en estos términos: “El gobierno fue elegido democráticamente y debe ejercer la autoridad cuando corresponde. Las determinaciones que tomó el presidente son un claro ejemplo de cómo ejercer la autoridad".
Es cierto que algunos precandidatos opositores (no todos) se apresuraron a expresar que el primer mandatario hizo lo que correspondía. Pero la mayoría, junto a otros dirigentes opositores, intentó rápidamente bajarle el perfil al hecho y se extrajeron apolilladas argumentaciones. Así, Julio María Sanguinetti volvió a convocar a “los dos demonios”, recurso con el que ha venido falseando la historia reciente del país. Otros, que no han sido capaces de exhibir propuestas electorales proyectadas al futuro y medianamente alejadas de la inviabilidad o la demagogia, llamaron, como tantas veces, a “no mirar hacia atrás”.
En todos estos casos no fue posible disimular la intención de incorporar el miedo (“la vuelta de los militares”) a la campaña electoral. Algunos no lo han aprendido: gracias al esfuerzo y la voluntad del conjunto de la sociedad, aunque la institucionalidad sea agredida, es sólida y está firmemente arraigada entre los uruguayos.
Lo cierto es que el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura no ha estado entre las prioridades de gran parte de la oposición. Y, más allá del enquistamiento de concepciones de extrema derecha, con nostalgias de autoritarismo, desde ambos partidos tradicionales se practica una irresponsable manipulación para restarle identidad a temas de principios, como el que se sintetiza con el lema “verdad y justicia”.
Se han reavivado las esperanzas para continuar avanzando
El manto de silencio y complicidad que los mandos se empeñaron en mantener desde hace 34 años -conducta contrapuesta al honor militar hipócritamente invocado- se ha corrido por la decisión presidencial. Se han reavivado las esperanzas para continuar avanzando.
No es admisible en democracia un Ejército que mantenga códigos de conducta de la dictadura, trasmitidos en la formación de las sucesivas generaciones de militares; que pretenda que los jóvenes que toman la carrera de las armas sigan educándose en institutos de enseñanza media diferentes al resto.
Eso conlleva otro peligro, del que advierte el politólogo Óscar Bottinelli. Tras señalar que lo resuelto por Tabaré Vázquez “es una medida muy extrema en la historia moderna del Uruguay”, afirmó: “lo más grave que marca el episodio es el despiste de los generales, que no se dan cuenta lo lejos que están del pensamiento de la sociedad. Están en otro mundo, viviendo códigos de un Ejército de otra época”.
La situación exige apresurar los tiempos de tratamiento de la ley orgánica militar. Y, en esta etapa electoral, tener en cuenta que si son más que sobradas las razones para rechazar la propuesta de reforma constitucional -impulsada por Jorge Larrañaga y Alianza Nacional- para que parte de la seguridad interna quede en manos de cuerpos militares, más peligrosa aún se torna dicha iniciativa cuando en la fuerza perviven conductas reñidas con la convivencia ciudadana.
Obviamente que el país necesita Fuerzas Armadas, que en la salvaguarda de nuestras fronteras, en diversas tareas de apoyo a la sociedad y en la contribución a la paz en el mundo mediante su participación en misiones de Naciones Unidas ha demostrado su profesionalismo.
Pero la función de quienes han recibido la alta responsabilidad de tener las armas de la Patria solo se garantiza mediante el respeto pleno a los valores que sustentan la vida democrática.
La sociedad reclama que las FF.AA. cumplan su rol; quiere asegurar que su desempeño esté siempre al servicio del país y transcurra en el marco del respeto cabal a las instituciones.
En estos días, a partir de una decisión del gobierno, el Uruguay ha dado un paso muy importante.