Balance, Crítica y Autocrítica y Perspectivas PROPUESTA DE ASAMBLEA URUGUAY

I- QUINCE AÑOS DE GOBIERNOS DEL FRENTE AMPLIO
BALANCE DE LA GESTIÓN
Setiembre de 2020
El Uruguay es diferente y mejor tras los quince años de gobierno nacional del Frente Amplio (FA).
CRECIMIENTO SUSTENTABLE CON DISTRIBUCIÓN
Al finalizar esta experiencia, el país se destaca en América Latina por tener la mayor estabilidad política, la mayor democracia plena, la mayor adherencia al Estado de derecho, baja conflictividad y la menor percepción de corrupción, entre otros logros que, como frenteamplistas, nos enorgullecen.
En 2019, Uruguay casi duplicó la producción de bienes y servicios respecto a quince años atrás. En promedio, la economía creció un 4% anual, completando 17 años de crecimiento ininterrumpido, un ciclo sin precedentes en la historia económica nacional.
La producción per cápita de los uruguayos creció 73% en 14 años. El Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó los 17.278 dólares por individuo en 2018.
Para el Frente Amplio la política económica es concebida como un instrumento al servicio de la gente. Ese crecimiento se hizo con una sustancial mejora del nivel de vida promedio de la población y de la distribución de la riqueza generada. La derecha ha dicho siempre que para distribuir era necesario crecer primero. En nuestro país hay una larga historia de frustraciones al respecto. El Uruguay gobernado por el FA mostró que esa secuencia (primero crecer, después mejorar los ingresos de la gente y distribuir mejor) no era una fatalidad. Esto nos ha diferenciado en el contexto del continente.
El crecimiento de estos años ha sido genuino y sustentable. Se ha crecido en base a inversión y incorporación de ciencia y tecnología, y ha sido sustentable desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales del país. Por cierto que hay mucho por hacer en esta materia, que debe ser una preocupación que atraviese transversalmente la planificación y ejecución de las actividades productivas y de servicios, pero Uruguay ha concretado pasos importantes.
Cabe destacar la realización de cambios relevantes en la matriz energética que le valen al país un reconocimiento como un “líder de energía verde” a nivel global. En materia de producción agropecuaria e industrial se ha trabajado sobre la reducción de los impactos ambientales y la preservación de recursos, con especial atención sobre el agua. Asimismo el crecimiento del turismo en este período ha tenido en cuenta la preservación de áreas naturales, entre otros cuidados.
La política fiscal de los gobiernos del FA respaldó la expansión del Gasto Público Social durante sus tres gobiernos y facilitó recomponer en buena medida el tejido social afectado por décadas de presupuestos insuficientes en educación, salud, protección social, vivienda.
El país pudo experimentar avances en desarrollo humano que también lo distinguen en el contexto internacional.
ACUMULACIÓN HISTÓRICA Y CAMBIOS
Valorar lo obtenido no equivale a sostener que el FA fundó un país, idea que a veces le adjudican algunos adversarios políticos. Los importantes avances logrados no hubiesen sido posibles sin una acumulación histórica que hizo de Uruguay un país que se diferenció favorablemente en el contexto regional y mundial. El Frente Amplio se siente depositario de las tradiciones que, desde Artigas, se fueron construyendo a los largo de las décadas, con aportes relevantes de los partidos históricos, de la izquierda y sectores progresistas y de los movimientos sociales. Somos parte de esa historia, nos nutrimos de ella y bregamos para que los grandes valores que dimanan de ella se potencien y encuentren nuevos caminos de desarrollo en beneficio de la sociedad.
Por ello, los frenteamplistas, como uruguayos y artiguistas, nos sentimos con el derecho de reivindicar nuestros aportes, que se fueron forjando desde antes de nuestra constitución como organización política en 1971, por sectores que confluyeron en la formación del FA. Desde entonces y luego durante los dramáticos años de la dictadura, convocando a la unidad de todos los orientales, aportamos ideas y mucha lucha para recuperar la democracia. El FA también cumplió un rol histórico en la etapa de consolidación de las libertades y el Estado de Derecho, y, posteriormente, cuando la ciudadanía le otorgó la responsabilidad de ejercer los gobiernos nacionales y departamentales.
No es por sectarismo que reivindicamos nuestro aportes y, en especial en estos momentos, los quince años de gestión desde el gobierno nacional. Creemos que el Uruguay, aun con muchos problemas pendientes, a los que se hará referencia más adelante, es mejor después de esos gobiernos. Es menester reafirmarlo porque reivindicando la construcción de los logros de estos años, contribuimos a que no se revierta el sentido de progreso material y social que motivó nuestros actos. Y también es necesario porque, aun con el derecho que poseen quienes recientemente han accedido al gobierno del país a expresar sus críticas a la gestión del FA, no es bueno para el Uruguay que haya argumentaciones que soslayen hechos u omitan o distorsionen datos de la realidad.
DEMOCRACIA PLENA
No solo hubo crecimiento y mejoras materiales en estos años. El país también avanzó en libertades, fortaleza democrática y derechos sociales. Varias instituciones internacionales que miden las diferentes variables que hacen a los derechos y las libertades de las personas, la institucionalidad y el desarrollo humano, ubican a Uruguay entre los países del mundo con democracia plena. El índice de democracia global que cada año elabora la Unidad de Inteligencia de The Economist, con sede en Londres, que es un reconocido indicador a nivel internacional, muestra a Uruguay en el primer lugar entre los países de América Latina y 15.º en el mundo. En América solo Canadá y Uruguay están entre los quince primeros lugares.
Resulta oportuno consignar esto porque desde los partidos que integran la coalición de gobierno se ha venido cuestionando al FA por supuestas falencias en materia de republicanismo, coherencia democrática y respeto a la institucionalidad.
Hay que recordar y subrayar que hemos vivido en uno de los países más libres y sólidos en cuanto a su institucionalidad democrática. El Frente no contrapone el derecho a la libertad a los derechos sociales y económicos que hacen posible el usufructo pleno de la libertad. Su concepto de libertad, rigurosamente encuadrado en las normas constitucionales, incluye y se enriquece con el principio de la justicia social y la búsqueda de la equidad, como rasgos distintivos de una fuerza de izquierda, nacional, popular y democrática como con frecuencia la calificaba nuestro máximo líder histórico, Liber Seregni.
LA POLÍTICA
Entre las actividades afectadas por las condiciones del mundo contemporáneo, una de las más importantes es la política. Mediante ella los pueblos pueden cambiar la organización de la sociedad y sus condiciones de vida. Ni más ni menos. Sin la política democrática los seres humanos quedarían inermes ante los poderes fácticos del mundo, como el poder financiero y las diferentes formas de opresión nacional y social.
Supimos durante la dictadura lo que significa perder la posibilidad de que los ciudadanos hagan política y se expresen mediante ella. Liber Seregni dio memorables lecciones sobre la importancia de la política y la necesidad de defenderla como parte de la libertad, los derechos de las mayorías y la democracia.
Y, como se señaló, es necesario aunar voluntades en defensa de la Justicia, amenazada por corrientes de derecha. Es parte de la batalla en defensa de la política.
Con la política se logra que un país tenga una determinada orientación. Y que se eviten otras, contrarias a los intereses populares. La derecha en sus expresiones más regresivas se empeña en desacreditar la política (como lo hizo la dictadura al responsabilizar a los políticos en general de la crisis del país en los años previos al golpe de Estado), en hacerle pagar las culpas por las malas medidas de gobierno. Y por eso, también, es imprescindible evitar que se ensucie la política con la corrupción, con acciones personalistas, con falta de ética en la función pública y todo aquello que aleje a la gente de la política.
El FA debe reafirmar sus mejores tradiciones ejerciendo la política con honestidad, desprendimiento, dedicación, responsabilidad. Y debe asimismo señalar todo aquello que vaya en sentido contrario, lo haga quien lo haga, comenzando por ser inflexible con las defecciones propias. Hay que investigar y, con extrema responsabilidad, sancionar cuando sea necesario. No utilizar como pretexto para justificarlas el señalamiento -que debe hacerse implacablemente también- de los desvíos éticos y morales de los adversarios.
REFORMAS ESTRUCTURALES
El crecimiento con distribución de estos años responde a un conjunto de políticas públicas y grandes reformas estructurales, como la tributaria, la de la salud, los consejos de salarios y las reformas laborales, la construcción junto con actores de la sociedad civil de la llamada nueva agenda de derechos (relacionados con la mujer, la niñez y adolescencia, sectores discriminados por razones de etnia, opción sexual, discapacidad, etc.), cambios en la matriz productiva en el marco de una política de cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, como se ha indicado al hacer referencia a la sustentabilidad del crecimiento, políticas de promoción de la ciencia y la tecnología, cambios productivos en los que se conjuntaron esfuerzos de los sectores público y privado, y una política de inserción internacional que, aunque debió superar las barreras de todo tipo que tiene un país como el nuestro en el duro, volátil y complejo mundo global, abrió caminos para el comercio, las inversiones y el ingreso de tecnología.
INSTITUCIONALIDAD ECONÓMICA
La economía uruguaya está mejor equipada por la calidad de sus reglas de funcionamiento y sus instituciones. En esta área, fundamental para el desarrollo de la producción, los servicios, el empleo, la generación de riqueza y la distribución, Uruguay tiene hoy fortalezas donde antes tenía vulnerabilidades, que aparejaron retrasos y dramáticas consecuencias en crisis como la de 2002.
La reforma tributaria, que creó el IRPF, eliminó el injusto IRP y el COFIS, bajó el IVA, eliminó impuestos e hizo más transparente el sistema, fue clave para avanzar en equidad, crecimiento económico, promoción de inversiones y transparencia financiera. La reforma de la Dirección General Impositiva (DGI) aportó en el mismo sentido.
Los cambios del sistema bancario y financiero forman parte de las referidas fortalezas. Las gestiones del FA en el Banco República (BROU) y el Banco Hipotecario (BHU), complementado con la creación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), pasaron de tener situaciones críticas a ser instituciones fuertes al servicio del país y su gente. La nueva Carta Orgánica del Banco Central (BCU) es otro de los cambios institucionales que contribuyeron en esta dirección. Se ha logrado poner en marcha la inclusión financiera, contra la cual fracasaron los argumentos anclados en el pasado de los partidos que integran la coalición “multicolor”.
Se dieron pasos cualitativos en transparencia, que le han dado al país una credibilidad a nivel internacional, fundamental para la captación de inversión y la solidez financiera que hoy posee.
TRABAJO, INGRESOS
La orientación programática del FA ha estado al servicio de la gente. La inversión, tanto pública como privada, y la inversión extranjera directa (IED) crecieron de manera importante, llegando al nivel más alto de las últimas décadas. Ello contribuyó decisivamente a la expansión del empleo.
Mientras que en la década de 1990 el promedio de trabajadores fue aproximadamente 1.300.000, en los últimos quince años se ubicó en el entorno de los 1.600.000. Por su parte, el desempleo se situó a partir de 2007 por debajo de 10 %, y en 2011 llegó al mínimo histórico desde que existen registros (6,3 %). Uruguay logró que se completaran 12 años consecutivos con tasas de desempleo de un dígito, algo que no tiene precedentes en la historia económica nacional.
La mejora general de empleo, salario e ingresos se acompañó de una ininterrumpida reducción de los niveles de pobreza e indigencia, que entre 2004 y 2019, pasaron, respectivamente, de 39.9 a 7.9% y de 4.7 a 0.2%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que ubica a Uruguay en la mejor posición en Latinoamérica.
PROTECCIÓN SOCIAL
El Frente Amplio se siente no solo con el derecho sino en el deber de afirmar que dio impulso a la más importante transformación y ampliación de la matriz de protección social en décadas. Varias reformas estructurales y medidas de diverso orden mejoraron la situación de la población, priorizando a los más frágiles pero asegurando los derechos de todos.
En materia de seguridad social se aprobaron múltiples normas que ampliaron el acceso a prestaciones. Las pasividades tuvieron un incremento de 65% en su poder adquisitivo respecto a 2004 y las mínimas se multiplicaron por cuatro durante los gobiernos frenteamplistas.
EQUIDAD
En 2004 la clase media representaba 44 % del total de la población. En 2019 llegó a constituir el 75 % de las personas y es la mayor de América Latina.
Durante los gobiernos frenteamplistas Uruguay logró destacarse por alcanzar el mejor coeficiente de Gini entre los países de América Latina y el Caribe. Entre 2004 y 2019 el índice Gini -que mide las diferencias entre los ingresos de los integrantes de la sociedad- marcó una caída de la desigualdad del 16%.
DESACOPLE
Uruguay rompió la dependencia regional histórica. Hubo un desacople respecto a la región. Mientras en la última década el ingreso por habitante aumentó 2,4% en Argentina y 5,0% en Brasil, en Uruguay creció 30,8%. Este dato también refuta que el crecimiento se debió al “viento de cola” generado por alza de los precios de los commodities, como si ese factor hubiese operado solo para Uruguay.
La valoración de los logros durante los quince años de gobierno frenteamplista debe incluir la consideración de las condiciones existentes a comienzos del siglo, cuando tuvo lugar la mayor crisis económica y social en la historia moderna del país.
Varios de los datos anteriormente consignados han experimentado una significativa involución en el cuadro de la pandemia, sobre lo cual se hará referencia más adelante.
DEUDA, SITUACIÓN FISCAL
A fin de 2004 el país tenía una deuda del sector público que ascendía a 97 % del PIB. La deuda bruta se redujo en los 15 años de gobierno del FA en 31 puntos del producto, representando 66% del PIB a fines de 2019. La deuda neta bajó 35 puntos, ubicándose el año pasado en 43% del PIB. Además se avanzó sustancialmente en la desdolarización de la deuda: en moneda nacional era el 12 % en 2004 y aumentó a 44% en 2019. Asimismo se alargaron los plazos y la duración promedio de la deuda. El saldo de reservas de libre disponibilidad en 2005 era negativo (-US$ 352 millones); cuando el actual gobierno asumió, el saldo era positivo: US$ 5.388 millones.
RESERVAS, INVERSIÓN
Al asumir el FA en 2005, la calificación crediticia de Uruguay se encontraba varios escalones por debajo del grado inversor. Actualmente el país cuenta con calificación crediticia de grado inversor por las cinco calificadoras internacionales, y un escalón por encima de la frontera de grado inversor en el caso de tres de ellas (el nivel de calificación de crédito soberano más alto de la historia de Uruguay). Esto constituye parte de la solidez financiera del país.
Con la inversión privada más grande (UPM2), Uruguay está listo para recibir importantes aportes de IED. La fuerte posición de capitalización y liquidez de los bancos respalda las medidas crediticias del Banco Central (BCU) sin contagios desde el sistema financiero de Argentina. El tipo de cambio flotante ha funcionado estos años como amortiguador, con el BCU interviniendo en ambos lados del mercado para suavizar la volatilidad. Estos datos desmienten los pretextos del gobierno para introducir recortes presupuestales y negarse a un mayor esfuerzo para atender la situación de sectores especialmente perjudicados por la pandemia.
AGRO
El agro, sector clave para el crecimiento y la exportación, donde hubo una importante inversión extranjera directa, experimentó una gran transformación en estos últimos años, donde se introdujeron nuevas prácticas productivas y empresariales e innovaciones que fueron adoptadas por los productores uruguayos, lo que redundó en un importante aumento de la productividad.
TURISMO
El turismo ha sido otra área de actividad de grandes avances en los gobiernos del FA. Uruguay ha desarrollado la industria del turismo como una oportunidad de diversificación y desarrollo, posicionando a este sector como una de las principales actividades económicas del país. Se concretaron inversiones sin precedentes. Uruguay está dentro de los siete países en los que más creció el turismo a nivel mundial en la década pasada. Es el primer país de América del Sur que recibió más turistas en relación a su población. Naturalmente que la agudización de los problemas en la región y, recientemente, la pandemia, han golpeado a esta actividad, pero se han sentado bases para contrarrestar los duros efectos que está teniendo.
SALUD
La capacidad que tuvo el país para dar respuesta a la pandemia del covid-19 desde el punto de vista sanitario debe entenderse en el marco de las fortalezas construidas a partir del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y del Seguro Nacional de Salud (SNS), que permitió la atención integral de aproximadamente dos millones de personas a través de la seguridad social, y la triplicación del presupuesto de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que más que triplicó el gasto por usuario en el lapso de administración del FA. Las inversiones de infraestructura en edificios y equipos tuvieron un crecimiento sin precedentes. Los recursos asignados a la salud aumentaron en términos reales a un promedio anual en torno al 10 %, más del doble que el incremento del PIB.
Es necesario hacer conciencia de lo anterior, así como reconocer la adecuada gestión sanitaria del gobierno a través del Ministerio de Salud Pública (MSP).
EDUCACIÓN
El presupuesto para la educación aumentó casi 2% del PIB en los quince años de gobiernos frenteamplistas. Ello hizo posible, por ejemplo, que un maestro recién egresado con 20 horas semanales que ganaba 16.723 pesos en 2004, perciba 32.861 en 2019 a valores de este último año. Incrementos similares se registraron en las remuneraciones de otros sectores docentes y de funcionarios no docentes.
Creció sustancialmente la inversión presupuestal por alumno y se amplió la cobertura en todos los niveles de la enseñanza, aumentando asimismo la proporción de alumnos que culminan los ciclos educativos. Otro de los aspectos resaltables es la inversión en nuevos locales y ampliación y remodelación de edificios existentes, y otros requerimientos de la infraestructura educativa.
Junto con el reconocimiento y valoración de los avances, es necesario un abordaje autocrítico de los retrasos que existen en la educación, en especial en algunos niveles y áreas. Deben examinarse los contenidos educativos y aspectos relacionados con los aprendizajes y la formación integral de niñas, niños y jóvenes. No se trata de una responsabilidad exclusiva del sistema político y de los diferentes actores de la educación, sino que es un asunto de la sociedad en su conjunto. Pero el Frente debe asumir el tema en lo que le corresponde como fuerza política comprometida con el desarrollo humano, el presente y el futuro del país, en las diversas áreas donde se juegan los destinos del Uruguay y su gente.
VIVIENDA
También se concretaron logros en vivienda, uno de los temas fundamentales para poder crecer como país en desarrollo humano. No obstante, aquí también, corresponde reconocer que no se ha avanzado lo suficiente hacia la erradicación de la vivienda informal, precaria e insalubre. Se han realojado muchas familias, pero también se han constituido nuevos asentamientos, lo que habla de la necesidad de abordajes transversales, como sucede en otros asuntos.
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANAS
La seguridad pública ha sido una prioridad presupuestal. Los recursos aumentaron 132% entre 2004 y 2019. La masa salarial del Ministerio del Interior se triplicó. A valores de 2019, el salario de un cabo era de 14.400 pesos en 2005 y llegó a 44.808 el año pasado. Además se crearon partidas especiales, en consonancia con nuevas funciones. Se hicieron importantes inversiones en educación policial y en equipamiento, así como en tecnología e infraestructura. Se colocó al frente de la Policía a oficiales de alta calificación profesional y se avanzó en el proceso de reconstrucción de la institución al servicio del ciudadano y en función de valores democráticos y éticos que habían quedado de lado en la dictadura y sobre los que trabajaron especialmente los gobiernos del FA. Evitar que se revierta ese proceso es fundamental para la convivencia ciudadana y la seguridad pública. El fortalecimiento institucional se construye en todos los ámbitos.
El incremento de la delincuencia, fundamentalmente por el ingreso de la droga, plantea duros desafíos, que requieren un abordaje multidisciplinario, en lo que sin duda debe mejorar el país. Ese abordaje incluye no solo los aspectos preventivos, represivos y punitivos, sino también el cultivo de valores que se forjan en las familias, el entorno social, la educación y la sociedad en su conjunto.
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Las asignaciones a los gobiernos subnacionales se incrementaron en torno al 140% desde 2004. Durante las administraciones del FA se avanzó en descentralización, se promovió la creación del tercer nivel de gobierno, los municipios. Es fundamental que no haya retrocesos y que se eviten discriminaciones en las asignaciones de recursos a los habitantes de todo el país, de los 19 departamentos y de todos los municipios.
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, GOBIERNO DIGITAL Y GESTIÓN
Al mencionar esta temática, hay que comenzar por señalar lo que significó el Plan Ceibal, experiencia revolucionaria que ubicó a Uruguay como ejemplo en el mundo al haber logrado la inclusión digital de los niños, niñas y jóvenes y darle al país una formidable plataforma para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con todo lo que ello implica para la producción, los servicios, la gestión, la enseñanza, la salud, la ciencia y la tecnología, etcétera.
Durante los gobiernos frenteamplistas se trabajó intensamente en el acceso de la población a las tecnologías digitales. Se complementaron los esfuerzos de los sectores público y privado, la academia y la comunidad tecnológica. Hubo notorios avances en infraestructura para viabilizar ese camino, como la conexión de la fibra óptica a los hogares, entre otras acciones desplegadas para que Uruguay se destaque hoy por su conectividad y por el desarrollo extraordinario de la industria del software, cuyos productos son requeridos en mercados tan exigentes como Estados Unidos y Japón. Se ha generado institucionalidad a través de la creación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), entre otros pasos institucionales para respaldar al sector.
Este proceso ha posibilitado avances consistentes en la organización y renovación institucional del Estado al servicio del ciudadano. Es expresión de ello lo alcanzado en materia de gobierno electrónico, los trámites en línea, la digitalización (los expedientes digitales son uno de los ejemplos al respecto). Hoy existe la Historia Clínica Electrónica Nacional, el ecosistema con respaldo digital, la ciberseguridad, plataformas y desarrollos en inteligencia artificial, infraestructura de datos espaciales, y diversos procesos que, como se indicó, han mejorado la gestión de los organismos estatales.
No obstante, permanecen áreas del Estado con ineficiencias, lo que afecta la calidad de los servicios que merece la población. Hay superposición de organismos avocados a una misma función, burocratismo y otros problemas en varias dependencias estatales, mala gestión y controles insuficientes en algunos organismos. Los presupuestos por resultados no siempre han tenido el desarrollo que sería deseable. Corresponde reiterar aquí la importancia del concepto de transversalidad en el diseño y la aplicación de políticas públicas para lograr mayores avances en la gestión pública, y ahí se debe apuntar en los gobiernos nacionales y departamentales.
INFRAESTRUCTURA
El crecimiento del país requiere inversiones en infraestructura. En 2015 se presentó el programa más importante de la historia reciente, por un monto superior a 12.000 millones de dólares. Esto implicó un desembolso de 8.160 millones de dólares hasta 2019, lo que implica la ejecución de 3% del PIB por año en inversiones de infraestructura pública. Una inversión menor, a los niveles de décadas anteriores, hubiera permitido mejorar el resultado fiscal inmediato, pero a costa del crecimiento futuro de la economía y la producción. Y ahora estaríamos enfrentando la pandemia sin muchos de los instrumentos que contribuyen a que Uruguay se esté destacando en el manejo sanitario.
Cabe reiterar que el Frente Amplio no concibe el resultado fiscal como un fin en sí mismo, sino que debe ser considerado en conjunto con la gestión financiera del sector público y teniendo en cuenta el contexto regional y mundial.
El manejo de la deuda, señalado anteriormente, y de las relaciones con los organismos internacionales de crédito, y reformas de impacto en el funcionamiento de los mercados, fueron también factores del crecimiento del país en estos años.
ÉTICA
El Frente Amplio ha enarbolado un principio en materia de gestión que equivale a poner al país y al ciudadano por encima de todo. Son inaceptables la búsqueda de ventajas personales o grupales, las ambiciones, el amiguismo, la anteposición de intereses políticos sectoriales por encima de los del colectivo social.
El FA debe hacer un análisis profundo sobre la ética. Un análisis respetuoso y unitario, pero que no rehúya los casos en que sus integrantes pudieron haber incurrido en faltas, negligencia, amiguismo, lentitud en los pronunciamientos o mayor preocupación por las excusas o las justificaciones que en las respuestas contundentes ante situaciones reñidas con la ética.
Hay que velar por la tradición ética del FA, la que caracterizó a Liber Seregni y a los grandes dirigentes fundacionales, pero también a sus miles de militantes que en horas de dolor y de prueba nos dejaron un legado de honor por el que los frenteamplistas deben velar.
DDHH
Es necesario subrayar en este periodo de peligrosos mensajes antidemocráticos, algunos provenientes del ámbito político, que la fortaleza democrática de Uruguay, reconocida en el mundo, se ha debido a los esfuerzos de todos los sectores democráticos, dentro de los cuales se ha ubicado en primera línea el Frente Amplio. Destacamos los avances registrados durante los gobiernos frenteamplistas en materia de derechos humanos, concebidos integralmente. El impulso a la nueva agenda de derechos se inscribe en esta concepción.
Y dentro de esta visión integral de los DD.HH., ha sido fundamental para la construcción democrática la búsqueda de la verdad y justicia con relación a la dictadura civil y militar que padeció el país.
En declaración del 31 de agosto, el Secretariado Ejecutivo reafirmó el compromiso de siempre del Frente Amplio con “la lucha contra la impunidad, por la verdad, la justicia, la memoria y Nunca más terrorismo de Estado”. Reivindicó el camino emprendido en 2005 cuando, tras 25 años de gobiernos democráticos que no concretaron avances, se logró ingresar a los cuarteles en busca de los restos de desaparecidos y se envió a la Justicia a los responsables de crímenes de la dictadura con todas las garantías del debido proceso.
Asimismo se avanzó legalmente para declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, así como aprobar leyes reparatorias a las víctimas. Se creó institucionalidad en el tema derechos humanos, con la conformación de la Comisión de Verdad y Justicia, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y la Fiscalía Especializada en Crímenes contra la Humanidad. En el mismo sentido, se dejó sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado mediante la aplicación del artículo 4º que establece la desaparición como un delito permanente en el marco de los delitos de lesa humanidad, es decir, los perpetrados por el Estado.
“Nadie puede dudar de lo que se avanzó en la lucha contra la impunidad en estos últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio, sin perjuicio de todo lo que resta avanzar para lograr verdad y justicia”, expresa la citada declaración del Secretariado Ejecutivo, al resumir uno de los logros fundamentales de los gobiernos del Frente.
Ello no implica desconocer que los resultados con relación al objetivo de “verdad y justicia” son insuficientes, que la doctrina de la seguridad nacional sigue teniendo peso en la oficialidad y en la educación militar y que el país sigue necesitando una reforma castrense a la altura de sus necesidades. Esto requiere un examen profundo y exigente del tema.
ENLENTECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
Es indiscutible que en el marco de la crisis regional, con nuestros vecinos en recesión y con varios problemas económicos, sociales y políticos, y con condiciones internacionales adversas, desde 2018 el crecimiento de Uruguay se ha desacelerado, alcanzando en 2019 un incremento del Producto Interno Bruto de 0,2%, cercano al estancamiento. El último registro de déficit fiscal en 2019 es de 4,7% del PIB, excluyendo el efecto de la Ley 19.590 (“cincuentones”), el peor resultado en tres décadas. El FA ha manifestado su preocupación por ese dato.
El menor dinamismo de los últimos años se tradujo en un peor desempeño relativo de los indicadores de actividad, como el desempleo y la desmejora fiscal, así como el aumento de la pobreza de 8,1% a 8,8%.
Sin embargo, como se indicó anteriormente, el perfil de la deuda, el acceso fluido al financiamiento externo, el aumento de las reservas y la disponibilidad de líneas contingentes, le otorgan al país la espalda necesaria para enfrentar la pandemia con mucho más fuerza. Hasta el momento de escribirse este material, Uruguay se encontraba entre los tres países latinoamericanos que menos recursos destinaron a combatir los efectos de la pandemia del covid-19, por debajo de naciones con enormes debilidades financieras.
Plantear, como lo hace el gobierno, que el resultado fiscal obliga a realizar el recorte del gasto que propone, y que por ello no se dispone de más recursos para atender la situación generada por el covid-19, es consecuencia de una concepción político-ideológica que asigna al Estado un rol mínimo y subsidiario del mercado. Es insostenible el argumento de que la situación fiscal impide aplicar medidas más contundentes en la pandemia.

II- LA SITUACIÓN ACTUAL Y EL DESAFÍO DE LA PANDEMIA
Desde el oficialismo se ha intentado trasmitir la idea de que gran parte del periodo en el que gobernó el Frente Amplio ha constituido una “década perdida”. El relato que pretende instalar el gobierno refiere a una “trayectoria no sustentable” consecuencia del “derroche” de los gobiernos del FA, lo que “representa una limitación” para atender en la pandemia la situación de vulnerabilidad social. Se contradice con los datos de la realidad.
El gobierno, que ha hecho del manejo sesgado de los datos del déficit fiscal el centro de sus ataques a la política económica del FA, a la hora de exhibir las potencialidades de Uruguay ante inversores extranjeros ha subrayado las referidas fortalezas financieras, así como la solidez institucional del país. Incluso ha recurrido a datos manejados por el gobierno frenteamplista y por el Ministerio de Economía y Finanzas del anterior período.
La coalición gobernante no tiene argumentos para afirmar que con el FA hubo una “década perdida” y que la coalición “multicolor” encontró un país “fundido”, como ligeramente repiten voceros oficialistas.
Incluso han negado los propios datos oficiales que se incluyeron en un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La fallida explicación de que no hubo méritos de la política del FA sino que los resultados se deben al “viento de cola” que sopló por la suba de los precios de los commodities exportados por Uruguay, no se sostiene. Por varias razones: desconoce la consistencia de los avances del país anteriormente esbozados; no tiene en cuenta el punto de partida, que fue el de la devastación que dejó la crisis de comienzos de siglo; omite que en otros momentos hubo importantes subas de los precios de nuestras exportaciones y ello no se tradujo en mejoras en los indicadores económicos y sociales; se tuvo que pagar el petróleo a valores históricos récord; el gobierno desconoce la incidencia enorme que tuvo en el mundo la crisis de 2008; no menciona que Uruguay creció mientras sus dos grandes vecinos estaban en crisis y en recesión.
LA PANDEMIA
La pandemia del covid-19 dejará inmensas consecuencias en el mundo. Pese al acertado manejo sanitario del gobierno, que contó con la acumulación hecha por el país y de manera especial en la era frenteamplista, el Uruguay está sufriendo las consecuencias económicas y sociales.
Toda la ciudadanía está haciendo una contribución generosa, que es imprescindible reconocer y estimular.
Al mismo tiempo, el Frente Amplio tiene legítimo derecho a afirmar que Uruguay puede transitar esta difícil etapa con fortalezas que desgraciadamente muchísimos otros países no tienen, y que en gran parte esas fortalezas se construyeron, a partir de aportes históricos, en los años de gobierno frenteamplista.
Las robustas características ambientales, sociales y de gobierno de Uruguay han permitido una respuesta firme a la pandemia. Se destacan entre estas la confiabilidad de las instituciones, la condición de país socialmente estable con desigualdad relativamente baja, la baja informalidad, una amplia red de seguridad social, con transparencia fiscal y rendición de cuentas, y un sistema político maduro.
Lo anterior es, resumidamente, lo que el gobierno trasmitió en su mensaje a inversores extranjeros y organismos internacionales. Es la presentación que hace del país, bien diferente a lo que les dijo a sus votantes y lo que ahora repite fronteras adentro.
El país tiene un sistema de salud que, al incluir a la casi totalidad de la población y tener una infraestructura que en términos comparativos históricos ha tenido una sustancial evolución, se constituyó en una gran ventaja en el punto de partida para hacer frente al desafío sanitario, además de los aportes relevantes de la Universidad de la República y de otras instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación.
Pero también, como se señaló, Uruguay tiene una fortaleza financiera que resulta fundamental para destinar más recursos para atender las situaciones sociales más difícil, para ayudar más a la producción en sus diversas expresiones, para trabajar por la reducción del déficit fiscal evitando que la economía llegue a situaciones de difícil recuperación, para que Uruguay invierta más sin comprometer su estabilidad y su crédito internacional, con el criterio de equidad que nuestra fuerza política ha aplicado en estos años, y no con la política del gobierno, de recorte presupuestal y de la inversión pública en áreas sociales prioritarias.
Otros países en recesión y sin grado inversor, sin las posibilidades de Uruguay, están destinando más inversión a contrarrestar la pandemia, o sea, a los planes sociales y a la recuperación económica.

III- SER OPOSICIÓN HOY
Por razones que habrá que examinar con mucho rigor y sentido autocrítico, el Frente Amplio deberá actuar en la oposición en los próximos años.
¿Le servirá la larga experiencia realizada durante décadas, antes de alcanzar el gobierno nacional en 2005?
En parte sí, pero solo en parte. Habrá que tener en cuenta esa experiencia, pero en lo fundamental deberá ejercer la oposición de manera diferente. Por tres razones esenciales.
1. El FA ya gobernó, y eso implica dos cosas. Primero, que en el ejercicio de conducir el país aprendió cosas que no sabía y en las cuales había pensado poco antes de gobernar. Segundo, que la acción de gobierno del FA cambió el país y con ello las condiciones en las cuales hay que hacer política hoy. Esto es válido para la oposición frenteamplista, pero también para los que han llegado al gobierno. Se realizaron en el país profundas reformas estructurales y se aplicaron políticas que modificaron en varios sentidos la vida de la gente.
Hoy ser oposición implica defender esos avances, pero también no resignarse a que ahora solo será posible frenar los intentos de reinstauración conservadora. El Frente siempre hizo oposición planteando propuestas, pero ahora hay una base de conocimiento acumulado que cambiará -o debería hacerlo- el programa del FA. Hay cosas de aquel programa que ya se hicieron, y hay problemas que antes no existían o no había conciencia de ello, por lo cual no había respuestas en el programa. La renovación debe ser también renovación del programa.
Sí, el programa ya no puede ser el mismo que antes de 2005 porque, como se dijo, varios de los objetivos de aquella etapa se han cumplido y se amplió el espectro de temas a abordar. Pero, en segundo lugar, porque la nueva realidad demandará revisar las propias categorías de análisis. No es posible examinar la realidad de los próximos tiempos con los criterios aplicados a comienzos del siglo. Por un lado, porque la realidad ha cambiado y sigue cambiando mucho, y, lo que es más importante aún, lo hace a un ritmo impensable no muchos años atrás. Para poner un solo ejemplo, los avances en la ciencia y la tecnología, como los que se procesan en la informática, están cambiando también las formas de hacer política (y no se hace referencia aquí a las reuniones por zoom por la pandemia).
O sea que Uruguay ha cambiado por las trasformaciones operadas por los gobiernos frenteamplistas, pero además porque éstas se han realizado en un mundo global que cambia vertiginosamente. No se hará en esta parte una valoración de los efectos de esos cambios en la vida de los seres humanos, efectos que son diversos y con frecuencia contrapuestos.
2. La crisis global ocasionada por la pandemia cambiará en todos los países las condiciones para hacer política, sea en el gobierno como en la oposición. Esta crisis tiene por lo menos dos rasgos diferentes a las anteriores. Uno es su magnitud y profundidad. Y otra es la gran imprevisibilidad, mucho mayor que en crisis anteriores, porque hay más factores inmanejables.
Este escenario lleno de incógnitas será un desafío también para el FA, que hoy no puede tener claridad sobre la evolución de muchas variables de la economía y la sociedad, lo que es determinante para hacer política, y más aun en la oposición.
3. El FA deberá ser oposición de un gobierno bastante diferente a los anteriores. Es una coalición débil, con muchas contradicciones en su seno, pero que también tiene algunas fortalezas. Recibe un país con dificultades, pero con una obra de gobierno que transformó en sentido positivo.
Esta opinión ha sido expresada en reiteradas oportunidades por los organismos multilaterales y en algunos casos reconocido por integrantes del gobierno.
El FA tiene que reaprender a hacer oposición después de haber sido gobierno, en un mundo imprevisible y colmado de volatilidades, a lo que se agrega un oficialismo bastante diferente al tradicional tándem blanqui-colorado, que también tenía contradicciones internas pero diferentes a las de la entente “multicolor”. En realidad todavía no sabemos bien qué es esta coalición, hasta dónde están dispuestos a llegar algunos sectores y hasta cuándo podrá mantener uno de los rasgos más positivos para sus intereses: la capacidad de comunicación con la población (este señalamiento conlleva una autocrítica para el FA y sus gobiernos, que sin duda tuvieron graves falencias en la materia, asunto que será necesario desarrollar).

IV- APUNTES HACIA UNA NECESARIA AUTOCRÍTICA
En setiembre de 2000 se reunió el Plenario Nacional del Frente Amplio para analizar el ciclo electoral 1999-2000, en el que, a pesar de que nuestra fuerza política obtuvo la mayoría, fue derrotada en el balotaje, resultando electo presidente Jorge Batlle con el respaldo del Partido Colorado y el Partido Nacional.
Tabaré Vázquez presentó un informe que el Plenario que constituyó un valioso aporte para el trabajo hacia las siguientes elecciones.
Entre los conceptos planteados en el referido documento, que el Plenario resolvió declararlo documento oficial del FA, señalamos los siguientes, por considerar que tienen valor metodológico para examinar en un clima adecuado los errores, omisiones e insuficiencias en esta etapa:
a) Las elecciones no se ganan o se pierden en algunos meses de campaña electoral, sino que son resultado de la acumulación de procesos complejos. Esto no significa subestimar la importancia de las campañas.
b) La evaluación de los procesos electorales no se puede reducir a cuestiones puntuales, como falta de recursos financieros o de tiempo, publicidad insuficiente o de mala calidad, etcétera.
c) No todas las culpas son ajenas; algunas nos corresponden.
d) Hay que evitar internismos estériles. No quedarnos en la “chiquita”; que no haya pasaje de facturas entre compañeros.
e) No analizar solo lo puntual e inmediato sino las líneas estratégicas a largo plazo.
f) Para avanzar en la evaluación se necesita: valores y principios, entre ellos los de la unidad y el respeto entre compañeros; que haya rigor en las propuestas.
g) Para transformar la realidad hay que entenderla. Y aceptar que cambia mucho. Actualmente estamos ante situaciones nuevas que requieren nuevas respuestas.
h) No se construye un proyecto de izquierda mediante la suma de reivindicaciones sectoriales.
i) Algunos temas para tener en cuenta en la agenda: la política y su función de acumulación; la integración; nuevo pacto social; relación Estado-mercado, sector público y sociedad civil; apuesta a la educación; democracia y ciudadanía; liberación del individuo; horizonte de izquierda; sintonizar con la gente.
LOGROS Y DEBES
Los logros materiales y sociales de la era frenteamplista son incuestionables y es necesario destacarlos y explicarlos adecuadamente, lo que no siempre se ha logrado. No obstante, como lo sintetiza el historiador, docente y politólogo Gerardo Caetano* tras valorar las mencionadas conquistas, siguen presentes problemas como “la concentración territorial -asociada a procesos de segmentación residencial, quiebra cultural y exclusión social que comprometen la reintegración del ‘tejido social’- y su sobrerrepresentación en las generaciones más jóvenes”.
Es imprescindible revertir esta situación por configurar inequidades inaceptables que conspiran contra la mejora en la formación de recursos humanos en un amplio sentido y por su repercusión negativa en el empleo y la producción del país.
Como ya se señaló, durante los gobiernos frenteamplistas Uruguay logró destacarse por alcanzar el mejor coeficiente de Gini entre los países de América Latina y el Caribe.
De todos modos, como han advertido los investigadores Verónica Amarante, Rodrigo Arim y Andrea Vigorito, mencionados por Caetano en la obra citada, no se ha evitado una concentración de la riqueza, en términos del PIB, en los porcentiles más altos, como también ha sucedido en otros gobiernos progresistas del continente.
“Sin desconocer ni subestimar la significación de esta reciente pero sostenida tendencia a la disminución de la desigualdad (…), en un contexto de crecimiento real de los ingresos de los hogares y de reducción de la pobreza monetaria (…), la fragmentación social que se fue instalando en la sociedad uruguaya durante las últimas décadas todavía no termina de ceder terreno en ciertas áreas”, anota Caetano. “En forma paradójica las mejoras en los principales indicadores coinciden con (…) quiebra de código de valores compartidos, ruptura de espacios públicos, problemas visibles de convivencia, etc.”, agrega.
Señala que “los niveles de escolarización formal alcanzados entre los jóvenes (…) exhiben valores inquietantes y, en algunos casos, relativamente inmóviles en los últimos decenios (pese al) notorio incremento del gasto público social”. Uruguay es uno de los países de la región que más recursos han volcado a políticas sociales, lo cual no significa que hayan resultado suficientes en todas las áreas. Corresponde señalar al respecto que el gobierno actual está manifestando una intencionalidad opuesta, como se expresa en varios incisos presupuestales, lo que debe llamar a la preocupación y a la defensa del gasto social y de los incentivos a la inversión productiva, entre otros aspectos.
ERRORES Y OMISIONES
La alta valoración de los logros indudables de los quince años de gobierno frenteamplista no deben excluir el examen de los errores de diverso tipo, las omisiones y las insuficiencias. Sin un examen con profundo espíritu autocrítico de lo que quedó en el debe no sería posible superar los problemas que tiene el FA y que no son solo de gestión de los gobiernos sino que abarcan otros ámbitos, en primer lugar los asuntos relacionados con su funcionamiento como partido y su actuación en el sistema político y en el seno de la sociedad.
Las consideraciones precedentes no pretenden ser una respuesta al desenlace electoral de 2019, del cual el FA tuvo algunas señales previas que no advirtió o cuyas manifestaciones no logró revertir.
Con quince años de crecimiento ininterrumpido y avances sociales sostenidos, el Frente Amplio debió enfrentar fuertes descontentos entre la ciudadanía y entre sus propios votantes de 2014. Esta situación ya se venía dando desde tiempo atrás, y fue muy marcada en los últimos tramos de la campaña.
Las explicaciones no son sencillas, y están en una fase embrionaria. Como ha dicho Tabaré Vázquez, una elección no se pierde en una campaña electoral sino en un proceso, en el que confluyen diversos factores. Negar los logros de estos quince años de administración frenteamplista sería un contrasentido. Atribuir la derrota a fallas en la comunicación, antes y durante la campaña, que sin duda hubo, sería simplificar la complejidad del problema e incurrir en reduccionismos que se deberían evitar.
El Frente Amplio está llamado a un profundo examen de su situación en el marco de la sociedad uruguaya y del sistema político, que incluya los diversos aspectos de un balance en el contexto de la realidad del mundo contemporáneo, y que con exigencia y en condiciones de fraternidad frenteamplista y de unidad en base a los principios, trace perspectivas para fortalecerse como herramienta fundamental del pueblo uruguayo en pos de la prosperidad, la solidaridad, la justicia y la libertad.
* Gerardo Caetano, Historia mínima de Uruguay, El Colegio de México, 2019.

V- LA CAMPAÑA ELECTORAL
El último domingo del pasado noviembre, el Frente Amplio (FA), esa rara avis de la política latinoamericana, ese Fénix capaz de resurgir de tantas pruebas a que fue sometido y hasta de sus propios errores, logró transformar la noche de la derrota en una celebración, no de una victoria, porque perdió, pero sí de su fortaleza y de su vigencia, pese a todo. Cuando todos los pronósticos preveían una relativamente cómoda victoria de Luis Lacalle Pou sobre Daniel Martínez, solo le faltaron a este unos 19 mil votos para lograr el objetivo, ya que la diferencia fue de algo más de 37 mil, cuando se pronosticaba una ventaja mucho más amplia, del orden de los 100 mil o más sufragios.
La campaña electoral de esos últimos días, la batalla del “voto a voto”, fue altamente valorada en el FA, que tuvo en la primera vuelta de octubre un mal resultado. En el codo final hacia el balotaje el Frente volvió a encontrarse con una de sus más preciadas tradiciones: la capacidad para conectarse con el ciudadano. La militancia que se hizo casa por casa, esquina por esquina, cuadra a cuadra, pueblo a pueblo, cubrió un área geográfica y social que ni en los períodos de mayor participación en la historia del FA fue posible abarcar. Y menos en tan poco tiempo.
Observando el mapa electoral, se constata que entre octubre y noviembre el FA creció extraordinariamente en pequeñas poblaciones alejadas de las rutas principales, donde no hay comités ni referentes, y a donde no llegaron las giras electorales. Ahí la “marca FA” peleó impulsada por unos pocos que se hicieron sentir entre sus vecinos sin el menor respaldo de estructuras.
A su vez, observando la votación en Montevideo y otros centros urbanos, se ve un gran crecimiento en ese mes final. Muchos miles de personas se autoconvocaron para “defender las conquistas”, ya sea agrupándose por profesión -como fue notorio entre universitarios y otros grupos-, por vecindarios, por lugares de trabajo y de estudio. Cabe destacar la participación de jóvenes y mujeres. Esa gran movida fue convocada por mucha gente. Se utilizaron locales del FA (no siempre, porque muchas veces se convocaron en espacios públicos, casas de familia, clubes u otros locales no partidarios) y otros elementos, como redes sociales no oficiales del Frente, comités o sectores.
Claramente, la remontada fue un movimiento construido sobre la marcha, en base a fuertes sentidos de pertenencia, a una herencia forjada en batallas propias y de generaciones anteriores, que las habían dado en los primeros tramos del difícil camino a partir de 1971, en la resistencia a la dictadura, en las marcas que van dejando en el alma las derrotas y las victorias. También jugó la acumulación de experiencias organizativas que se han trasmitido desde la vieja militancia orgánica a las siguientes generaciones.
La estructura orgánica se despliega pero no alcanza para llegar a los 200 mil que se suman entre octubre y noviembre. Desarrolla una estrategia de cercanía en una campaña voto a voto. Fue una movilización con rasgos épicos, que hizo recordar viejas campañas y que los jóvenes que se incorporaron no conocían.
Esta vivencia plantea la necesidad de revisar nuestra orgánica y los procedimientos que permitan que la gente que no participa habitualmente se sienta motivada. Muchos de ellos han encaminado su militancia hacia movimientos sociales más afines con sus intereses. Debe procurarse que ello no les impida mantener vínculos con la militancia política en el FA.
En etapas anteriores, se han planteado algunas iniciativas al respecto, pero generan resistencias en la orgánica.
El FA necesita asumir su propia realidad como organización política y romper la inercia que por demasiado tiempo ha impedido la renovación. Renovación que no es solo generacional, es decir, el propósito largamente proclamado de que vuelva la juventud a los organismos, sino que supone también comprender que una organización debe ser capaz de cambiar en consonancia con el mundo que la rodea.
Es cierto que el universo ideológico del FA se ha renovado, pero esa renovación, que no ha abarcado a la estructura partidaria, vino a partir de ganar el gobierno nacional y tener que dar respuestas a cosas que no se había planteado la izquierda. Basta leer los documentos fundacionales del FA y comparar con lo que han hechos los tres gobiernos frenteamplistas para comprender cómo han cambiado los desafíos, las prioridades y las propuestas. Hasta el léxico ha cambiado, y esto no es abandono de principios sino adhesión a un principio básico de la izquierda: capacidad para renovarse.
Las grandes transformaciones realizadas en el país en estos años fueron promovidas fundamentalmente por el Poder Ejecutivo, con una importante participación de las bancadas y otras instancias de gobierno, de miles de frenteamplistas actuando en diversos ámbitos del quehacer nacional. Llegaron por la necesidad de gobernar y dar respuestas a los grandes temas programáticos, pero ya no como aspiraciones estratégicas sino como construcciones concretas, viables, transformadas en hechos (leyes, proyectos, instituciones, disposiciones, aplicaciones prácticas de medidas de gobierno). Así se concretaron las reformas tributaria, de la salud, de la matriz energética, la promoción de inversiones, la creación de organismos avocados al desarrollo informático, los cambios en la Policía, el plan Ceibal, la agenda de derechos que se fue construyendo estos años, y un largo etcétera.
Desde la orgánica hubo un acompañamiento: pero fue eso, acompañamiento. Faltó creatividad e impulso para darle fuerza a las medidas y aportes que enriquecieran y defendieran esos cambios en la sociedad. En general la estructura acompañó en la defensa y difusión de los planes y logros del gobierno entre la población, pero no alcanzó. Tampoco fueron respondidos los planteamientos de los desencantados, que se tomaron como actitudes individuales y no como la expresión de un estado de ánimo muy extendido entre los frenteamplistas.
La crítica a los grandes medios de difusión por “ningunear” o tergiversar las ideas e iniciativas del gobierno debieron ser contestadas con una participación mucho más enérgica por parte de la fuerza política. Dicho esto sin desconocer las carencias financieras. Pero aún éstas se deben en parte a las debilidades orgánicas, que han impedido consolidar un aparato financiero, que además fue en los “buenos tiempos” un instrumento de vinculación con los adherentes.
No es que el FA no haya discutido internamente, pero se centró más en cuestionar propuestas del gobierno -lo que es legítimo- que en generar iniciativas o buscar las formas de defender al gobierno en la sociedad. Un testimonio de esta situación fue la escasa movilización para distribuir el excelente boletín “Uruguay cambia” que periódicamente editaba la secretaría de información de Presidencia de la República.
Lo cierto es que, volviendo a lo acontecido en el final de la campaña electoral del año pasado, en los días previos al balotaje se logró crear un clima que revirtió el derrotismo emergente de la primera vuelta, estimuló a los frenteamplistas y contribuyó directamente a la remontada y al “casi” triunfo.
En razón de que este trabajo fue redactado antes de las elecciones departamentales y municipales, no se incluyen referencias a las mismas.

VI- RENOVACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL FRENTE AMPLIO
Los comentarios precedentes no deben interpretarse como una propuesta a retraer la estructura, a achicarla o debilitarla. Por el contrario, la existencia de una orgánica fuerte, legitimada en todo el Frente Amplio, es una seña de identidad. El acatamiento disciplinado de las resoluciones- cualquiera haya sido la posición sustentada-, salvo escasísimas excepciones, ha sido una garantía para el funcionamiento y la unidad de acción.
La estructura es un rasgo del FA. Una seña de identidad. Es un patrimonio que el Frente tiene que preservar y cuidar. Por eso mismo debe evitar que se burocratice, que pierda contacto con la realidad, con la gente. La experiencia internacional lo confirma; es el recurso que tiene para enfrentar y ganarle a una derecha poderosa económicamente, que incide desde muchos organismos que le son afines y con gran influencia en los grandes medios de comunicación.
Ya Seregni, en 1988, en un comunicado a los militantes reunidos en casas de familia, los convocaba para “ganar la Intendencia de Montevideo y el gobierno”.
Se trata de preservar la estructura pero transformándola para que exprese al pueblo frenteamplista. A sus votantes, que son más de un millón y entre los cuales muchos miles no tienen identificación permanente con el FA, a esos frenteamplistas que protagonizaron la remontada. y a muchos otros que, sin participar en movilizaciones como esa, desearon fervientemente que el Frente ganara la segunda vuelta y conservara el gobierno.
La estructura en su situación actual -que se remonta a muchos años- aparece desconectada de mucha gente. Los organismos de la estructura que mantienen los vínculos con su entorno, como algunos comités, también necesitan el respaldo de una estructura fuerte, con vínculos en las instancias de dirección y con quienes actúan en niveles de gobierno, ya sea nacional -donde el FA mantiene representación en varios organismos pese a haber perdido-, como departamental y municipal.
No debería haber una contradicción entre cuidar la estructura del FA y modificarla. O entre fortalecerla y otorgarle amplitud para incorporar a los que no participan habitualmente aunque son frenteamplistas y queremos que participen a la hora de adoptar decisiones, y contar con ellos en las instancias de máxima convocatoria.
José Mujica se pronunció en el mismo sentido al manifestar que “hay otro Frente potencial de gente que todavía no ha llegado y hay que tener los brazos abiertos para hacerla llegar”. “La autocrítica tendrá que tener la inteligencia de abrir la puerta para ver qué Frente queremos, porque el advenimiento de la civilización digital y los cambios culturales y sociales que está imponiendo la marcha de la modernidad significa que tenemos que incorporar muchas cosas”. “Hay que implementar una política de cambio en la faz organizativa, la forma en que resolvemos, agrandar la democracia” del Frente Amplio. Y opinó que no debemos “perdernos en un internismo”. “Que el FA no se enferme de sectarismo, que es una enfermedad peligrosa y congénita de las fuerzas de izquierda. El FA no está terminado, su proyecto no está acabado”. Estas declaraciones del expresidente fueron hechas el 17 de agosto en República Radio.
“Es necesario un nuevo contrato que modernice al partido, que lo haga más democrático, más republicano, más tolerante y al mismo tiempo más pegado al pensamiento del pueblo frenteamplista. Que no haya una estructura que decide a veces en contradicción al pueblo frenteamplista”. Esto fue expresado por Danilo Astori en Radio Monte Carlo el 7 de abril de este año.
Por cierto que Mujica y Astori no son las únicas voces que han planteado la necesidad de democratizar la estructura del FA. Es un reclamo que se viene haciendo tanto en los sectores como en las bases, así como por frenteamplistas que no participan en la orgánica.
Una estructura más fuerte, como la que necesita el FA, significa que sea más flexible, más abierta a la sociedad, más democrática (representativa) en la toma de decisiones, con más y mejor sintonía con el país real, el de las “grandes mayorías nacionales” como solía decir Liber Seregni.
Resumiendo, el objetivo debería ser acercar la estructura orgánica al pueblo frenteamplista para incorporarlo al debate y a la toma de decisiones.
QUÉ CAMBIOS
Es necesario el examen del Estatuto del FA y las modificaciones que precisará a la luz de la actual y futura situación. Hace años que se reconoce que tal examen es necesario. Luego de la experiencia de los últimos años, incluyendo la experiencia de quince años de gobierno nacional y el resultado de las últimas elecciones, no hay voces que nieguen esta necesidad, independientemente de la existencia de visiones diferentes sobre qué cambiar y cómo hacerlo.
Hace diez años, en setiembre de 2010, se reunió el Plenario Nacional para evaluar el proceso electoral 2009-2010, en que por segunda vez se ganó el gobierno nacional, en esta oportunidad con la fórmula Mujica-Astori, y varias intendencias departamentales, entre ellas la de Montevideo.
En dicho Plenario se instalaron tres talleres que examinaron los temas para la evaluación electoral, y temas políticos y organizativos que se incluyen en los documentos síntesis de cada taller.
Se nombró una comisión especial que sintetizó los aportes de los tres talleres y que fue considerado en el Plenario Nacional del 12 de diciembre de 2010, en el que se aprobaron las siguientes resoluciones:
“1. Aprobar en general el documento presentado por la Comisión Especial, que sintetizó los aportes de los tres talleres que funcionaron en la sesión anterior de este Plenario, más los aportes de las bases y los sectores.
“2. Respecto a los aspectos de perspectiva se propone la creación de dos grupos de trabajo que consideran los siguientes temas:
“a) estrategia política para las tareas de acumulación, consideración del acuerdo político, estrategia y contenidos de una eventual Reforma Constitucional.
“b) Funcionamiento de la estructura política, como participación en la misma, análisis del Estatuto y eventuales modificaciones que tengan como objetivo fundamental ampliar y profundizar la participación de los frenteamplistas en la movilización, el debate y las decisiones de esta fuerza política, entre otras los mecanismos de elección de autoridades.”
En síntesis, dicho Plenario Nacional instaló dos grupos de trabajo, uno sobre Estrategia y otro sobre Estructura y Estatuto del FA. Más en concreto, a ese grupo se le encomendó el análisis del Estatuto y el funcionamiento de la estructura política y participación en la misma.
Pero pasó desde entonces una década, y nada sustancial se ha modificado. Para bien o para mal. Porque en los hechos, nunca terminó de zanjarse el debate sobre el alcance que debería tener una reforma estructural y si ésta era realmente necesaria.
La comisión denominada de “Funcionamiento de la Estructura Política” sesionó durante varios meses. Se instaló en marzo de 2011 y sesionó hasta el Plenario Nacional del 26 de noviembre del mismo año, que aprobó un informe sobre algunos aspectos de los muchos que fueron considerados por la comisión.
Los acuerdos alcanzados fueron básicamente referidos a la elección del Presidente del FA y al carácter resolutivo de las Asambleas de Adherentes. Estas modificaciones están incluidas en el Estatuto vigente, en las Disposiciones Especiales y Transitorias.
El literal C, Disposición Transitoria y por Única Vez. Se estableció que los presidentes del FA y de las departamentales (art. 74, incisos A y F) se elegirían simultáneamente con las elecciones de los miembros del Plenario Nacional y Plenarios Departamentales.
Literal F) Asamblea de adherentes de la Coordinadora. Competencias de la Asamblea. Esta norma establece que preceptivamente, previo a la citación de un Plenario Nacional o Departamental para tomar resolución sobre el orden del día correspondiente, será el órgano de referencia para la toma de decisiones en el Plenario Nacional.
Esta norma se aprobó con carácter transitorio durante 30 meses, por lo que su vigencia ya caducó. Es posible volver a aplicar estas disposiciones, que requieren el acuerdo de cuatro quintos del Plenario.
Pasó demasiado tiempo para que se pueda hablar ahora de retomar aquel debate como si nada hubiese sucedido. Aquel debate se cerró al finalizar el primer periodo de gobierno nacional del FA. Ahora es necesario abrir un nuevo debate cuando el Frente debe encarar una nueva etapa, como principal partido de oposición.
Sobre los cambios a hacer en la estructura y en el Estatuto para avanzar hacia ese objetivo, es imprescindible un gran esfuerzo colectivo, que implique priorizar al Frente como tal por encima de las posiciones sectoriales o personales. Esto es básico, porque si no se aborda el tema con este espíritu, no podrá avanzarse.
Es un dato de la realidad que el frenteamplismo en la sociedad es un fenómeno de mucho mayor amplitud que la estructura. Será necesario avanzar hacia una representación que refleje mejor a los que, por encima de sectores y de coyunturas políticas, se sientan frenteamplistas.
Una votación nacional da lugar a la representación en el parlamento, de acuerdo a un sistema electoral que, aunque perfectible, está reconocido como uno de los más democráticos del mundo.
No se trata de lograr una reproducción automática de esa representación en el Poder Legislativo. Tampoco de ignorar que el Frente Amplio, de acuerdo a su Estatuto, es una coalición de sectores y un movimiento de ciudadanos frenteamplistas no identificados orgánicamente con sectores.
También es cierto que el FA ha experimentado grandes cambios, que han sido paulatinos pero profundos. Se ha ido transformando cada vez más en un partido. El sentido de pertenencia sectorial, que en los orígenes del FA era muy fuerte, se ha ido debilitando. Hoy se cruzan con facilidad las otrora nítidas fronteras entre los sectores, lo que se refleja en los cambios en las preferencias electorales dentro del FA que se registran no solo entre quinquenios, sino también entre la elección nacional y la departamental y municipal.
Se podrá discutir si esto es bueno o malo, si conviene o no para el fortalecimiento del Frente Amplio. Pero lo que es cada vez más difícil negar es la realidad de este proceso. La inmensa mayoría se siente frenteamplista independientemente del sector por el que opte el día de la elección. Incluso mucha gente define la lista a votar pocos días y hasta pocas horas antes de emitir el sufragio.
Una composición de la dirección partidaria más parecida a la que se da en el parlamento (o sea, a la que surge del voto universal y democrático), fortalecerá la representatividad de la dirección.
Hay otra visión que prioriza la participación en la estructura y en las instancias orgánicas de militancia por sobre otras expresiones de adhesión al FA.
Ante esta diferencia de criterios, lo primero es evitar encasillamientos o tratamientos del tema que resientan la unidad. Hay que partir reconociendo que el tema es complejo, que la “verdad” no está toda de un lado. Pero es necesario un sinceramiento que lleve a los frenteamplistas a reconocer que hace años no se avanza en la dilucidación de esta contradicción. Sobre la necesidad de introducir modificaciones al Estatuto existen distintas opiniones: que la reforma no es un tema prioritario, o que se pueden introducir modificaciones puntuales cuando sea necesario.
También lo es la que sostiene que los cambios en la realidad exterior a la organización política deben reflejarse en esta mediante modificaciones que incluyan la composición de los organismos que la integran. Una fuerza que gobernó durante quince años y cambió profundamente el país, en el marco de un contexto mundial también cambiante, debería reflejar esos cambios en sus propias normas de vida orgánica. En el documento “Principios y valores compartidos”, aprobado en el VI Congreso Rodney Arismendi, el tema es examinado muy ampliamente en el capítulo 2 “Uruguay en un mundo globalizado”.
Lo dicho con relación a los niveles directrices superiores del FA también sería válido para otras áreas de la actividad partidaria, como la estructura organizativa, las comisiones internas, que no necesariamente tendrán que seguir siendo las mismas y funcionar básicamente igual, habida cuenta de los referidos cambios.
De cualquier manera y por importantes y urgentes que se consideren los cambios en la estructura, el debate deberá darse los tiempos necesarios y asegurar las mejores condiciones para que transcurra en democracia y fortaleciendo la unidad.

Setiembre/octubre 2020