Ediles evalúan acudir a la Jutep por presunta conjunción de intereses en el Municipio E

Según planteó en la Junta Departamental durante el análisis de la Rendición de Cuentas de 2019 de la Intendencia de Montevideo (IM), el pasado noviembre el alcalde nacionalista Agustín Lescano transfirió fondos, apoyo logístico y de personal al Centro de Comerciantes de Carrasco para la organización del evento Arocena Open. En ese entonces, el presidente de esa agrupación comercial era su asesor personal, Nicolás Martinelli (hoy director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social).
“El alcalde transfirió fondos públicos a una entidad privada en donde su propio asesor era el presidente. Además, ambos pertenecen a la lista 404 (del Partido Nacional). Hicimos el planteo en la sala de sesiones y el alcalde admitió estar en conocimiento de que cuando transfirió esos fondos su propio asesor era presidente del Centro de Comerciantes de Arocena”, dijo Visillac a Búsqueda.

Según el legislador departamental, la situación “viola varias de las reglas y principios de conducta en la función pública establecidos en la normativa”.

“El problema es cómo la relación funcional, personal y política entre el alcalde y su asesor pudo haber influido en el apoyo a esas entidades en las que su asesor ejerce funciones de dirección. Aunque esa no haya sido la intención, el alcalde es responsable por no separar intereses públicos de sus intereses privados o los de su asesor”, denunció Visillac. Para el edil, Lescano debió excusarse de llevar adelante esas transferencias o al menos encomendar su resolución al Concejo Municipal, como establece la normativa ante situaciones que puedan representar una conjunción de intereses.

Tras informar al resto de los ediles y a los directores de la Asesoría de Descentralización y Participación Ciudadana de la IM sobre la presunta irregularidad, varios legisladores departamentales evalúan reunir la documentación pertinente y ponerla en conocimiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). “Quizás no sea un delito, pero sí es una falta de ética y de transparencia a la función pública, por eso queremos que la Jutep se expida”, afirmó.

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